El ministerio del Ambiente y Energía otorgó, anteayer, 38 reconocimientos a empresas privadas y públicas por reducir considerablemente, entre otras cosas, su consumo energético y mejorar el tratamiento de los desechos sólidos y de las aguas residuales. Esta certificación se denomina "Bandera Ecológica" y se logra tras un largo y complejo proceso técnico, que enunciamos en nuestra edición de ayer, garantía de la responsabilidad del compromiso, así como de su proyección y eficacia en el futuro.
En nuestro país se han entregado 223 certificaciones desde 1998, se tienen documentadas 66 empresas en este campo y, a finales de este año, se contará con 10 empresas más. Estos datos ponen de manifiesto el alcance de esta dimensión de la responsabilidad social en el sector empresarial y público. Ojalá que la publicidad de estos reconocimientos inspire a muchas otras empresas e instituciones a proseguir en este programa de evaluación externa o a incorporarse a él, máxime que todo lo referente al ambiente y a los recursos naturales representa una de las más significativas cartas de presentación del país en el exterior.
En la ceremonia correspondiente a la entrega de estos reconocimientos, tanto el titular del Minae, Roberto Dobles como los representantes de las empresas hicieron hincapié en este ejemplo para el país y el mundo, así como en el compromiso ético adquirido, relacionado con el bienestar y calidad de vida de la gente. Es preciso recalcar este aspecto ético y solidario para que se actúe con sentido integral y coherencia. Si el sector privado debe alistarse con responsabilidad en esta campaña, compete al Estado ejercer la autoridad en la materia, mediante las tareas de coordinación, control y sanción, y dar el ejemplo, a fin de ir cerrando, poco a poco, pero en forma eficaz y sistemática, entre las promesas y su cumplimiento, entre las prédicas y la práctica, entre la propaganda, interna y externa, y la observancia.
Nos hemos referido reiteradamente a esta cuestión capital. Bien está que el Estado evalúe y otorgue banderas ecológicas, pero más importante aún es que se las dé a sí mismo y que se evalúe a sí mismo. Nos referimos particularmente al Poder Ejecutivo y a las municipalidades, frente a un país que, como lo demuestran los hechos, aún no ha pasado de la información amplia, pasiva y activa, ni siquiera de la toma de conciencia, en el plano teórico, a la vivencia y al cumplimiento de las normas pertinentes. La suciedad ambiental recubre grandes sectores del país, la contaminación –sobre todo, vehicular– es una forma de agresión personal y social, pese al esfuerzo hecho en el campo de la revisión técnica, y el estado de los ríos, enormes basureros al aire libre, pone al descubierto la irresponsabilidad de los poderes públicos y la incongruencia de las políticas formuladas.
El auge de las construcciones en algunos sectores del Valle Central y en Guanacaste ha verificado la magnitud del problema. El avance del dengue, que ya alcanzó el nivel de epidemia, tal como informamos este fin de semana, ha desnudado la incultura nacional en lo referente al cuidado del ambiente y a la observancia personal y familiar de las normas de sanidad. Se trata, en última instancia, de una serie de factores ambientales y naturales que determinan el grado de responsabilidad y de solidaridad en la convivencia humana. Nuestro déficit en esta asignatura social, expresión del desarrollo humano del país, es muy elevado. En la agenda de las soluciones concretas, este problema ocupa uno de los lugares preferentes.