México. AFP. El gobierno de México y organizaciones de derechos humanos están envueltas en un debate sobre la participación del Ejército en el combate al narcotráfico debido a denuncias de abusos sobre la población civil.
El Ejército mexicano fue la autoridad contra la que se presentó el mayor número de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el primer semestre de 2009, según un reporte dado a conocer esta semana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, órgano público autónomo).
El despliegue militar y policiaco "es una fuerza legítima y constitucional, una fuerza legal, una fuerza democrática", dijo el jueves el presidente mexicano, Felipe Calderón.
De las 956 quejas por probables violaciones de los derechos humanos recibidas por CNDH en el primer semestre, 559 fueron en contra de la Secretaría de la Defensa (Sedena), seguida por la Procuraduría General (PGR) con 216. Contra Seguridad Pública (SSP) federal se recibieron 104.
La Sedena, la PGR y la SSP son la parte medular de la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón, que desde diciembre de 2001 mantiene un operativo federal en el que participan más de 36.000 militares y miles de policías federales.
Los cárteles de la droga en México libran una guerra por controlar el mercado local y las rutas de trasiego hacia EE. UU., el mayor mercado de drogas en el mundo. La disputa ha dejado 7.700 personas asesinadas en 2008 y 2009.
Human Rights Watch envió el 13 de julio una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton para que EE. UU. retenga parte de los recursos de la Iniciativa Mérida hasta tanto los militares mexicanos que violen derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
El Ejército mexicano difundió el jueves pasado un informe sobre abusos y delitos cometidos por militares diciembre de 2001 y según el cual un tribunal militar condenó a 12 elementos por los delitos de secuestro o inhumación clandestina, mientras que 53 siguen sometidos a proceso.
De los 12 condenados dos son jefes, seis son oficiales y cuatro soldados que han recibido penas de hasta 20 años por delitos como homicidio, secuestro o inhumación clandestina, explicó el director general de DD. HH. de la Sedena, Jaime López Portillo.
La CNDH ha notificado al Ejército desde diciembre de 2001 sobre 2.461 quejas, de las cuales 1.846 han sido desestimadas, 580 siguen en trámite y en 35 se han emitido recomendaciones.