Muchas historias comienzan a contarse. La guerra en Colombia parece volver a las viejas épocas de «La violencia», caracterizadas por nuevas medidas del gobierno, denuncias de organismos internacionales y relatos espeluznantes de violencia militar y paramilitar.
Presidente colombiano Alvaro Uribe
«O negocian o los derrotamos», dijo el presidente Álvaro Uribe a la salida  de una reunión de 40 minutos que sostuvo con su colega del Ecuador, Lucio Gutiérrez, en la cumbre del Grupo de Río, celebrada la semana pasada en Cuzco, Perú.
Gutiérrez había propuesto mediar en el conflicto, pero salió de la reunión con una posición distinta. Lo que sugirió fue que la cumbre instara al Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, a proponer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sentarse en la mesa de negociaciones.
Una declaración en ese sentido «hará pensar mucho a las FARC, para que realmente, si desean la paz, lo demuestren. Si no lo hacen, si no reaccionan ante un pedido del Secretario de la ONU, el mundo estaría dispuesto a colaborar con Colombia en otro camino», dijo Gutiérrez.
Aunque el tema colombiano no estaba en la agenda oficial de la cumbre, fue tratado por los gobernantes. Al final se aprobó una resolución pidiendo a Kofi Annan para que, junto al Grupo de Río, busque «una solución al tema de Colombia».
La resolución solicita al Secretario General de la ONU auspiciar conversaciones de paz mediante el diálogo y plantea plazos definidos para eso. De no alcanzarse resultados en dicho plazo, será la ONU la que indique las acciones futuras.
 

NUEVAS MEDIDAS

Mientras Uribe logra apoyo en el escenario internacional, en Colombia el debate político se vio marcado esta semana por la aprobación, en el Congreso, de una polémica reforma constitucional que otorga a los militares poderes excepcionales durante tres años.
El proyecto permite que las autoridades militares intercepten todo tipo de comunicaciones, realicen detenciones y registros domiciliarios sin previa orden judicial, a la vez que otorga facultades de policía judicial a las fuerzas armadas. La reforma obliga, además, a la ciudadanía a registrarse en una lista de vecinos para controlar la movilización, tanto en sus lugares de residencia como en los sitios de trabajo.
Los partidarios del gobierno argumentaron que el país requiere una legislación especial y permanente para enfrentar el terrorismo, pero en el Polo Democrático, de oposición, el diputado Gustavo Petro levantó su voz para destacar que aunque estas medidas ya se utilizaron antes de la Constitución del 91, «no sirvieron; no se acabó con la guerrilla y por el contrario se violaron los derechos humanos».
En realidad, la reforma fue duramente criticada por diversas personalidades e instituciones
El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, dijo que permitirá «al Ejecutivo afectar los derechos humanos  de todas las personas, sin autorización judicial. No es necesario, ni conveniente que se violen los tratados internacionales. Apoyamos enfrentar el terrorismo, pero garantizando los derechos de la población», señaló.
Pero la crítica más dura vino de Aministía Internacional (AI). «AI expresa su consternación ante el voto emitido por la Cámara de Representantes en favor de la reforma de la Constitución para otorgar poderes de policía judicial a las fuerzas armadas», dijo, en un comunicado, esa organización.
«Esta medida tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos  humanos. Permitirá que las fuerzas armadas realicen allanamientos y escuchas telefónicas y que practiquen detenciones sin autoridad judicial, basadas únicamente en acusaciones militares», añadió.
Este es un claro intento de intimidar, hacer callar y desacreditar las organizaciones de derechos humanos, «preparando el terreno para violentos ataques paramilitares contra ellas», agregó AI.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, defendió la reforma y rechazó las críticas de AI y las del director de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Michael Fruling. Este último estimó que el proyecto es incompatible con los tratados internacionales firmados por el país en materia de protección a los derechos humanos.
La ministra Ramírez arremetió, además, contra el asesor especial de Annan en Colombia, James Lemoyne, por unas declaraciones que concedió al diario colombiano «El Tiempo». Lo que molestó a Ramírez fue la afirmación de Lemoyne en el sentido de que «la columna vertebral de las FARC es de unos mil a 1.500 hombres y mujeres, con una profunda formación política, que tienen entre 15 y 30 años de lucha».
La ministra estimó que esto era «una defensa a los intereses de los terroristas» y que hacer apreciaciones sobre el carácter político de las FARC solo «les da justificaciones para seguir asesinando a colombianos indefensos». «Aquí no caben explicaciones, sino únicamente declaraciones de condena», enfatizó.

DENUNCIAS MACABRAS

En ese clima, empiezan a surgir denuncias sobre un retorno a los actos de barbarie que caracterizaron diversos períodos de la violencia en ese país. El Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» hizo llegar a UNIVERSIDAD una serie de denuncias. Entre otras señaló que en la localidad de Viotá, a pocos kilómetros de Bogotá, «un grupo paramilitar, en complicidad con el Batallón Colombia, abordó a una decena de campesinos, los acusó de ser colaboradores de la guerrilla, secuestró a dos de ellos y los asesinó en una forma macabra».
El día 1º de abril del 2003, dice el informe, «los cuerpos sin vida de los labriegos desaparecidos fueron encontrados en la vereda El Palmar. El de Wilson Duarte fue hallado en un lugar cercano al sitio donde se acantonó el grupo paramilitar, con indicios de tortura, decapitado y con una enorme incisión en la región abdominal, en la cual fue incrustada su cabeza».
Poco a poco se empieza a ejercer una violencia sádica. Entre otros relatos se señala el caso de Jesús Antonio Romero, cuyo cadáver apareció el 2 de febrero, abandonado por los paramilitares «a pocos metros de la silla donde permanece su madre, una inválida de 90 años, quien se ve forzada a asistir a la descomposición del cuerpo antes de que alguien le prestara auxilio». «El 6 de febrero, se llevan a Rodrigo Gutiérrez, de 70 años. Su cadáver aparece al día siguiente, horriblemente torturado y descuartizado. El cuerpo de Polidoro Bernal aparece el 5 de marzo descuartizado. Y todo ello ocurre bajo la mirada de los militares, con la bendición del cura párroco (que abofetea a los detenidos e insulta a los parientes de las víctimas), y con la complicidad de la alcaldesa».
Más recientemente, el 15 de mayo, el periódico  El Colombiano publica que «la semana pasada, en la vereda La Doctora, de Sabaneta, fue hallado el cuerpo de un hombre de unos 45 años a quien, luego de darle una paliza, lo electrocutaron poniéndole cables de alta tensión en las orejas». Más adelante la crónica cuenta que en Marinilla los paramilitares decapitaron a un ebanista y clavaron su cabeza en una estaca. Y dentro de la misma nota el psiquiatra Jorge Montoya señala que una práctica que se ha vuelto común en Medellín es la de decapitar los cadáveres y jugar fútbol con las cabezas».
El horror se va extendiendo a niveles ya conocidos en el pasado, sin que, por ahora, se vea otra salida al conflicto que la militar.

PLAN COLOMBIA

El ex presidente Ernesto Samper lamentó esta semana, en México, que el Plan Colombia se haya centrado más en el aspecto militar que en los incentivos sociales.
Este Plan, al que Estados Unidos aportó unos $1.800 millones y asistencia militar y que, en sus orígenes, apareció como un proyecto para erradicar la producción y el tráfico de drogas, no ha logrado aún sus principales objetivos.
«El Plan está más concentrado lamentablemente en la parte militar que en la social. Hay mucho más garrote que zanahoria, lo cual es preocupante», dijo Samper, quien asistió, en la capital mexicana, a una reunión en la que diez expresidentes latinoamericanos analizaron los principales retos de la región.