Francisco de Paula Gutiérrez, presidente del Banco Central: «No tengo objeciones formales a los acuerdos firmados por el Gobierno y el ICE»
En una breve entrevista el presidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, se refirió al acuerdo que puso fin a la huelga en el ICE y explicó a UNIVERSIDAD los criterios con los cuales decidirá si autoriza los bonos solicitados por el instituto para realizar las inversiones en electricidad y telecomunicaciones en 2004.
 
 
¿Podría explicar cuáles son las diferencias entre los dos formatos del FMI que se mencionan para establecer el estado financiero del ICE?
 
-Hasta donde tengo entendido, la diferencia estriba en la manera de incorporar el gasto de inversión de las empresas públicas. Nosotros hacemos el análisis con la metodología tradicional que emplea el Ministerio de Hacienda, la cual se basa en las normas de contabilidad macroeconómica contempladas en los manuales respectivos.

 
¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la información que suministre el ICE sobre su situación financiera para que el Banco Central apruebe la emisión de bonos adicional de $60 millones?
 
-Nos interesa que la información sea completa y, por tanto, refleje la verdadera situación financiera del ICE proyectada para el período 2003-2005, conforme a la contabilidad macroeconómica. El problema que tuvimos anteriormente fue que el nivel de gasto informado (con la interpretación del ICE a la metodología del Ministerio de Hacienda) no incluía ¢40.000 millones. Nos interesa conocer el verdadero nivel de gasto y de déficit del ICE, así como los supuestos en los que se apoyan las estimaciones, para poder valorar sus efectos en la economía del país conforme lo establece el Artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central. Requerimos también de un análisis de la situación de las finanzas públicas para este y el próximo año, pare poder enmarcar la realidad sobre la que deberemos actuar como Banco Central.  El Central no define la política fiscal, pero necesita conocerla y necesita evaluar si la solicitud de una institución autónoma es consistente con la estimación fiscal que sirve de base a la definición del programa monetario.
 
 
¿Cuáles son sus objeciones a los acuerdos firmados por el Gobierno y el ICE?
 
-No tengo objeciones formales a los acuerdos firmados por el Gobierno y el ICE.  En el acuerdo se reconoce la autonomía y la independencia del Banco Central y se deja claramente establecido que el Banco dictaminará (puede ser en forma positiva o negativa) sobre la solicitud de emisión de bonos para 2004.  El límite de la semana del 14 de julio fue sugerido por el Banco en carta que envié a don Pablo Cob, en el supuesto de poder obtener toda la información relevante durante el mes de junio, lo cual espero no presente ningún problema.  La verdad es que lo único sustancialmente distinto del acuerdo, en relación con la situación que teníamos antes del inicio de la huelga del FIT, es el reconocimiento explícito hecho por los firmantes de que el Banco Central debe dictaminar conforme a su Ley Orgánica.  Esto había sido puesto en duda por el FIT y el ICE al aducirse el supuesto incumplimiento del acuerdo de febrero.
 
 
Con la legislación vigente, ¿puede el Banco Central oponerse a emitir esos bonos, incluso si el Gobierno ordenara tal emisión?
 
-El artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central determina la obligatoriedad de las instituciones y del gobierno en solicitar el dictamen cuando deseen endeudarse y define los criterios que debe utilizar el Central a la hora de emitirlo. El Banco no está obligado a emitir un dictamen positivo, incluso si el Gobierno se lo ordenara.  Ese es el principio de autonomía en las decisiones técnicas del Banco Central y que fue afirmado en el acuerdo suscrito el pasado 4 de junio. La importancia de la autonomía del Banco en sus decisiones está reflejada en la forma como se eligen los miembros de la Junta Directiva. Hay dos miembros que son de nombramiento y remoción directa del Poder Ejecutivo (el Presidente y el Ministro de Hacienda). Pero los otros 5, aunque nominados por el Consejo de Gobierno, son ratificados por la Asamblea Legislativa y ejercen su cargo por un período de 90 meses, pudiendo ser reelegidos.  Además, estos nombramientos vencen con intervalos de 18 meses, con lo cual se da continuidad a la Junta y no se concentran en una sola administración gubernamental.