Concuerdo que en el análisis de los problemas y las respuestas a la inmigración no debemos caer en la autoflagelación, y que el país no puede asumir unilateralmente todas las responsabilidades y cargas que este fenómeno significa. Hay quienes, aparte de dar una opinión, hemos intentado contribuir con nuestro modesto conocimiento a buscar soluciones que no lastimen a los inmigrantes, ni sean gravosas para el país. Inclusive en cuanta visita haya sido posible a Nicaragua, además de hacer planteamientos claros en esta materia, hemos procurado contribuir al análisis de las causas y los efectos de la migración, y hemos apoyado el diálogo entre académicos, funcionarios, sociedad civil y población en general. Además, reconocemos la importancia de iniciativas desarrolladas, de este lado de la frontera, por los ministerios de Trabajo, de Salud, Educación, Vivienda, así como la Defensoría de los Habitantes y el Departamento de Planificación de la Dirección General de Migración, para documentar científicamente y analizar los desafíos de la migración, y con ello iniciar un proceso serio de elaboración de políticas integrales en este campo.Desde hace varios años personas vinculadas al campo académico han sido invitadas a participar en el análisis de tales iniciativas. Eso se ha hecho dentro de un marco de pluralidad y respeto, pues quienes hemos sostenido puntos de vista diferentes en torno al manejo de la política migratoria, siempre hemos sido escuchados y tomados en cuenta. Eso ha distinguido la amplitud de esos diálogos y consultas, que forman parte de nuestra cultura política. Sin embargo, el paso hacia la concreción de las acciones no ha sido fácil, ni rápido. En el Estado costarricense existe otro estilo de gestión que ha enfatizado un sesgo policial y que se ha impuesto durante los últimos meses sobre el primer enfoque, ensombreciendo, casi aniquilando, los anteriores esfuerzos. Ese estilo percibe la migración como un problema de seguridad nacional. Como se desprende de los recientes reportajes del periódico La Nación, ésta puede resultar un arma de doble cañón que apunta contra los inmigrantes y, a la vez, contra el país mismo, en tanto afecta nuestro tradicional respeto de los derechos humanos. Las dimensiones de este manejo de la migración obligan al país a replantear con seriedad las respuestas del Estado, bajo un conjunto de acciones, donde la seguridad, y no solo su enfoque policial, debería ser una dimensión más entre tantas. No la última, pero tampoco la primera. El gobierno debería formular la política migratoria bajo un enfoque coherente, con la ética del respeto a la integridad de la persona del migrante y de sus derechos, y con propósitos efectivos acción práctica. Pero para avanzar se requiere dirección política y liderazgo que genere las condiciones para una estrategia nacional frente a la migración como una realidad insoslayable, tomando en cuenta su complejidad y nuestras limitaciones. Los costarricenses debemos ser cuidadosos y evitar que este tema nos conduzca hacia algún tipo de polarización social interna o en nuestras relaciones exteriores. Hay una gran cantidad de funcionarios, líderes políticos y formadores de opinión, sensibles a la búsqueda de soluciones a estos desafíos. Por eso tampoco son justas las apreciaciones vertidas con frecuencia en Nicaragua que nos acusan a todos los ticos de xenofobia. Insistimos, además, en que no es razonable que el Estado y algunos sectores de la sociedad nicaragüense continúen soslayando sus responsabilidades frente a las causas que generan la migración. Además de decisión, en Costa Rica necesitamos una política exterior dispuesta a exigir responsabilidades bilaterales y proponer soluciones internacionales en este campo.