«Detrás de un funcionario corrupto, hay un empresario que corrompe», dijo  Gilbert Calderón, Procurador de la Ética Pública.
En la mesa principal, Gilberth Calderón, Román Solís, la moderadora Laura Martínez, Francisco Dall´ Anese y Miguel Román.
El pasado 28 de octubre se realizó en el auditorio de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el foro » La corrupción, un mal que involucra al sector público y privado», con motivo del XXXV aniversario del Semanario UNIVERSIDAD.

En esta actividad se contó con la presencia del Fiscal General Francisco Dall´Anese, el Magistrado Román Solís, el Procurador de la Ética Pública, Gilberth Calderón y Miguel Román, representante del Colegio de Abogados. Como moderadora fungió Laura Martínez, directora del Semanario.

Los panelistas racalcaron el papel promotor que tiene las empresas privadas dentro de la esfera de corrupción, ya que detrás de un funcionario corrupto hay una empresa privada que impulsa esta práctica.

«A uno le da vergüenza decir que trabaja para el Estado por la concepción semántica que tiene esto, porque funcionario público es sinónimo de corrupto», aseguró el magistrado Solís al defender su labor en el Poder Judicial.

Al tratar de encontrar una solución a este comportamiento social que coloca a Costa Rica en el puesto 51 del Índice de Corrupción Mundial, Solís propone implementar un Plan Nacional de Prevención de la Corrupción, para que los jóvenes sean formados dentro de un ambiente de ética y valores.

Por su parte el Fiscal General Francisco Dall´Anesse considera que la corrupción se alimenta directamente de la impunidad con que los responsables sean tratados, además de factores como el secreto empresarial y bancario, los cuales se convierten en obstáculos que dificultan las investigaciones.

«Los corruptos se sienten por encima de la ley, o mejor dicho por encima de quienes aplican la ley; es cierto que la corrupción nunca se va a acabar, pero la podemos reducir, prevenir y perseguir» expresó Dall´Anesse.

Esta impunidad trae consecuencias en cualquier sociedad, tales como el deterioro de los servicios sociales y la desconfianza del pueblo, en el cual crece un sentimiento de incredulidad ante la poca eficiencia de las instituciones estatales.

Dentro de este contexto Gilberth Calderón, Procurador de la Ética Pública propuso la creación de un código de ética para regular la relación entre las empresas privadas y públicas, donde las compañías privadas asuman un compromiso de promover un comportamiento ético.

Si las privadas respondieran positivamente a este planteamiento, entonces se les distinguiría con un logotipo que identifique sus productos; pero si de lo contrario se les descubriera un vínculo con actos corruptos se les cobraría una acción civil resarcitoria y daños sociales.

Al plantear una acción conjunta, Miguel Román del Colegio de Abogados planteó que se aborde la corrupción dentro de forma multidisciplinaria, donde todas las instancias involucradas jueguen un rol dentro de esta lucha: los medios de comunicación y el Ministerio Público con denuncias y el Poder Judicial por medio de un debido proceso.

Asimismo se criticó la disfuncionalidad del sistema, ya que según Solís, se sigue considerando a nuestro país como un Estado Constitucional de derecho, mientras aumentan los recursos de amparo que llegan a la sala contitucional; cuando son declarados con lugar se condena al mismo Estado, no al funcionario que erró.

En relación con el caso corrupción que involucra a dos expresidentes, los panelistas aseguraron que no se pueden referir directamente al tema porque está en investigación, aunque el magistrado Solís aclaró que él espera que el juez responsable dicte sentencia en forma independiente, no para quedarle bien a los medios ni a la sociedad.

«Cuando a alguien se le quita la prisión preventiva no es que vaya a quedar impune, sino que el juez está consciente dee que este individuo ya no se fugará, ni reincidirá ni obstaculizará la investigación», enfatizó el fiscal general.

Ambos justificaron que su actividad dentro de los órganos estatales no podía prevenir ni controlar esta presunta actividad ilícita, ya que lo que les corresponde es una labor posterior.

Ante una pregunta sobre la necesidad de aliarse junto con otras naciones y crear una «lista negra» de empresas que incurran en actos corruptos, el magistardo Solís reconoció que sería un esfuerzo importante pero dificil de cumplir, ya que depende de la colaboración y ánimo de muchos paises.

Pero los gobiernos se podrían poner de acuerdo para retroalimentarse con las denuncias de corrupción sobre ciertas compañías en otras naciones.

Reveló que una vez al mes se reúnen  para intercambiar información, los jerarcas de la Contraloría, Procuraduría y Poder Judicial; próximamente invitarán a la Defensora de los Habitantes.

Según el Fiscal General, dentro de esta constante lucha contra la corrupción «la delincuencia va en ascensor y los medios de control vamos en escaleras». Así resumió la falta de recursos con que cuenta el Poder Judicial para cumplir sus labores con eficiencia.