Hay consenso en sectores para romper monopolio.
Las irregularidades en la fijación de tarifas de la revisión técnica vehicular, ha cargo de la empresa con capital español y costarricense Riteve SyC. (RTV), ponen cuesta arriba un servicio que ha sido cuestionado por los parámetros utilizados para realizarlo. Por este motivo miembros del Movimiento Cívico Nacional (MCN), que agrupa a transportistas y agricultores, así como sindicatos, solicitaron el pasado 16 de enero al Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rándall Quirós que «proscriba el contrato con esta empresa privada». La compaóía opera en Costa Rica desde el 2001 cuando ganó una licitación para realizar en forma exclusiva la revisión técnica de vehículos por diez aóos. Este trabajo antes estaba a cargo de talleres automotores autorizados por el gobierno. A pesar de que el ministro dijo que analizaría las peticiones, el MCN no descartó «seguir la lucha para que se prescinda de la revisión técnica para el pago del marchamo». Eddie González del MCN consideró que «los parámetros de la revisión técnica no se ajustan a la realidad de la estructura vial que se encuentra colapsada».   Sobre este tema, UNIVERSIDAD también consultó el criterio de los candidatos a la presidencia Otto Guevara, Oscar Arias y Ottón Solís. (Ver recuadro)
TARIFAS SIN ACLARAR

Por otra parte, un informe de la Defensoría de los Habitantes del 9 de setiembre del 2005, expediente 18250ó25ó2005ó,  cuestionó la metodología que utiliza el Consejo de Trasporte Público (CTP) para hacer las fijación de tarifas por cobro de inspección y reinspección vehicular por parte de RTV.  En dicho informe la Defensoría concluye que los usuarios podrían estar pagando más de lo debido por la revisión de su vehículo y que la empresa percibiría «rentas extraordinarias no justificadas». La vocera de RTV, Vilma Ibarra indicó que mientras no haya un pronunciamiento definitivo por parte de la Defensoría, la empresa no quiere referirse al asunto para no interrumpir ningún proceso legal o administrativo. Sin embargo, remitió un documento en el que RTV solicita a la Defensoría hacer una reconsideración  del informe donde argumentan que ésta no tuvo toda la documentación necesaria para llegar a dicha conclusión. Además que «se basó en informes de la Contraloría General de la República (CGR) que después fueron anulados por la Sala Constitucional». De momento, la Defensoría analiza las observaciones que hizo RTV al informe. Sobre esto la directora de Asuntos Económicos de la Defensoría,  Ana Karina Zeledón, óencargada de la elaboración del informeó, indicó que se investigó la forma en que se hizo la última fijación de tarifas para RTV, donde se encontraron «nebulosas y dudas»  porque no hay una metodología clara ni definida. «Por ejemplo, al no incorporar los ingresos de reinspección a toda la canasta de ingresos de la empresa, las tarifas están sobrevaloradas. Un ingreso que ésta sí tuvo no se está incorporando para fijar las tarifas; a eso se refiere la Defensoría cuando dice que las tarifas están sobrevaloradas» , indicó Zeledón. En su criterio, hasta que no se corrijan las inconsistencias en la metodología del CTP para fijar las tarifas por revisión vehicular, no se puede determinar si RTV está  generando ganancias excesivas en perjuicio del usuario. Por otra parte, el informe reafirma otras observaciones seóaladas por la CGR sobre la labor del Consejo para establecer instrumentos adecuados y de fiscalización sobre RTV. Al respecto, seóala que la Junta Directiva del Consejo no ha asumido de «una manera seria y diligente»  el control estricto de la contratación contractual, por medio de un adecuado trámite a los informes de inspección remitidos por el îrgano Fiscalizador. Además, las limitaciones de recurso humano, material y tecnológico que experimenta el îrgano Fiscalizador, ponen en riesgo la adecuada fiscalización que debe ejercer dicha entidad. Agrega que «en los aóos 2003 y 2004, la junta directiva del CTP ignoró o tramitó inconsistentemente los informes técnicos del îrgano Fiscalizador de RTV  en los cuales constataban deficiencias en la operación de la revisión técnica. La empresa RTV no tuvo conocimiento de los informes del îrgano Fiscalizador porque la junta directiva del CTP nunca se los notificó». Se intentó conocer la opinión del director ejecutivo del CTP, pero al cierre de edición la secretaria informó que estaba en una reunión. Cabe destacar que con el fin de remediar las inconsistencias de la metodología en los ajustes tarifarios a RTV, el CTP contrató al Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR (IICEóUCR) para la elaboración de un nuevo instrumento. A pesar de que éste todavía no se ha implementado, y aún se mantienen las inconsistencias seóaladas por la Defensoría, el 15 de diciembre  RTV solicitó un nuevo ajuste tarifario que fue rechazado.
USUARIOS DESPROTEGIDOS
Aparte de las carencias tŽcnicas y de recursos se–aladas por la Defensor’a al CTP para realizar los ajustes tarifarios de la revisi—n tŽcnica vehicular, se–ala otros aspectos que de no corregirse podr’an perjudicar a los due—os de los veh’culos: La fijaci—n para el 2005 no tom— en cuenta los ingresos por reinspecci—n. Segœn la Defensor’a, para RTV esto ser’an ganancias netas en perjuicio del usuario. No hay evidencia de que el CTP (antes de contratar al IICEUCR) haya hecho un esfuerzo tŽcnico importante para analizar la propuesta tarifaria de RTV aprobada en diciembre del 2004. ó Segœn la proyecci—n de la empresa en el 2005, m‡s el ajuste tarifario, la utilidad se eleva a un 36.64% o sea un 23.64% por encima de lo pactado (13%) en el contrato. (Fuente: Expediente 1825018250—25—05 Defensor’a de los Habitantes)

EN PALABRAS DE TRES CANDIDATOS

Otto Guevara(ML): Se romper’a el monopolio de RTV inmediatamente para que no sea una empresa exclusiva la dedicada a esta labor. TambiŽn podr’an venir empresas extranjeras para que realicen la revisi—n tŽcnica, pueden hacerlo nacionales o extranjeras, aunque el pa’s est‡ capacitado para hacerla. Podr’an ser colegios profesionales o talleres, lo m‡s importante es que tenemos derecho a escoger y no estar hincados ante el suplicio de lo que es RTV. La fijaci—n tarifaria y el control fiscalizador  estar’an a cargo del CTP de momento, para que haya una tarifa b‡sica para todos. Al haber competencia van a tener que ofrecer servicios, horarios y calidad, despuŽs ellos tambiŽn tendr‡n que ofrecer precios m‡s bajos.

Ott—n Sol’s (PAC): El monopolio de RTV es totalmente inconstitucional. Adem‡s ha violado cl‡usulas del contrato  con el Estado. Lo primero que haremos es poner la maquinaria del Estado para sacar en forma legal a ese monopolio del pa’s. El gobierno debe presupuestar a travŽs de los impuestos que se pagan con los combustibles, el mejoramiento de las carreteras nacionales.

Oscar Arias (PLN): «RTV debe adecuar sus est‡ndares a la realidad de Costa Rica. El Ministerio de Obras Pœblicas y Transportes (MOPT) tiene que flexibilizar las normas, porque no es posible que Žsta imponga condiciones de pa’s rico, a uno con calles de cuarto mundo. Son el Gobierno y el MOPT, los que deben establecer los est‡ndares de RTV, que se tiene que limitar a dar el servicio. Hay que adecuar las exigencias a la realidad de la naci—n». Sobre la permanencia de esta compañía, manifest— que entend’a que no se ir’a porque la Sala IV ya dijo que no es monopolio.