Una tensa situación se desató en el territorio indígena de Keköldi –cercana a Puerto Viejo del cantón de Talamanca- luego de que, tras adjudicarse un remate, el ciudadano italiano Ídolo Agustín Mastroeni tomó posesión de una finca que los indígenas reclaman como parte de su territorio.
El caso cobró notoriedad cuando en abril -y de nuevo el pasado 21 de julio- la Fiscalía de Bribri solicitó medidas cautelares contra un grupo de indígenas que había ingresado a ese terreno reivindicándolo como propio y se presentaron sendos desalojos por parte de la policía.
Demetrio Mayorga, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Keköldi, manifestó que el decreto presidencial 29956 de marzo del 2001, amplió los límites de su territorio y que constituye una “prueba contundente de que el terreno está dentro de nuestro territorio; la ADI y la comunidad vamos para adelante a demandar al Estado, para que  resuelva de una vez por todas lo que sucede”.
 
A ello sumó una resolución del Registro Inmobiliario, que en octubre del año pasado decidió aplicar una inmovilización sobre la finca, pues “se origina posterior a la fecha de creación de la Reserva Indígena Bribri de Keköldi, utilizando un plano catastrado el cual traslapa con dicha Reserva”.
“Nos han detenido cuatro veces y tenemos una causa pendiente; no puedo acercarme a esa finca por una medida cautelar que se me aplica por luchar por nuestros derechos, que el mismo Estado dice reconocer”, se quejó Mayorga.
“Nos acusan de hacer amenazas, de quemar una casa, envenenar animales, talar bosque primario y destruir cultivos, pero todo eso es mentira, no hay ni siquiera indicios de nada”, agregó.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó sobre el tema que “es un ejemplo más de cómo en Costa Rica  continúa el despojo de la tierra y los derechos humanos de los indígenas”.
En su opinión, todas las instituciones que han tenido que ver con el caso “fallaron”. El Registro Público porque permitió la inscripción de la finca que “claramente está dentro del territorio indígena; luego corrigió al ordenar la inmovilización de la propiedad, pero es un caso de grave negligencia o corrupción”.
Añadió que también “fallaron la policía y el Poder Judicial, pues deberían defender a los afectados; los usurpados son los indígenas, porque además se trata de una franja de terreno que es la mejor parte del territorio por colindar con la carretera, es el frente del territorio y por ello importante para el desarrollo de cualquier actividad económica. Debieron proteger a los despojados, pero más bien hicieron todo lo contrario”.
Villalta afirmó que “existe información emanada tanto del Registro Público como del Ministerio de Seguridad, quienes concluyen que la finca se encuentra en el territorio indígena; pero,  el Ministerio Público no se entera, actúa como comendador en tiempos de la Colonia a favor de los intereses de un europeo”.
Por su parte, Jorge Chavarría, fiscal general de la República, relató que cuando los indígenas ingresaron a la propiedad para reclamarla, allí se encontraban algunos trabajadores del italiano y se dio un conflicto entre ambos grupos. Según dijo, se denunciaron ante la Fiscalía de Bribri “amenazas de parte de los indígenas a los peones de la finca; la situación se puso cada vez más tensa y el Ministerio Público al conocer sobre la supuesta usurpación verificó las amenazas y solicitó al juez local las medidas cautelares, que no tienen que ver con el fondo del conflicto, sino con poner paz en el sitio”.
A su parecer, ambas partes “actúan de buena fe; ambos reclaman su derecho” y el hecho de que el Ministerio Público solicite medidas cautelares “no tiene nada que ver con el conflicto de fondo sobre la propiedad de la finca, sino con la violencia que surgió cuando se dio la ocupación”.
Chavarría enfatizó en que las medidas cautelares “ni le reconocen un derecho absoluto al propietario, ni buscan subyugar o someter a la comunidad indígena”. Asimismo, piensa que “si se respetan los términos del juez dirigidos a evitar la violencia, esto debe resolverse -sin adelantar criterio- a favor de la comunidad indígena, en el sentido de que realmente el terreno está dentro de los límites de la reserva”.
Aclaró que si se logra corroborar que la comunidad indígena actuó de forma legítima dentro de su territorio, “obviamente no se da el delito de usurpación por parte de ninguno de los dos, pues no habría dolo de ninguna de las partes”.
PROBLEMA DE FONDO
El territorio indígena de Keköldi se ubica cerca de Cocles, en el extremo suroriental de la costa caribeña de Costa Rica, y agrupa a pobladores de la etnia Bribri.
De acuerdo con el estudio “La población indígena en Costa Rica según el censo 2000” de la investigadora Elizabeth Solano, se trata de uno de los territorios indígenas que mayores porcentajes presenta de población no indígena y extranjera en su territorio, habitado por poco más de 400 personas. Sin embargo, sus pobladores presentan un promedio de cinco años de escolaridad, de los más altos entre las comunidades indígenas del país.
Según información disponible en el Registro Nacional, la propiedad en disputa -identificada como la finca número 087479 de la provincia de Limón- mide poco menos de 50 hectáreas y tiene un valor fiscal de ¢2.600.000.
Esa información consigna como propietario a Ídolo Agustín Mastroeni Labaño, quien la adquirió a través de un remate y fue así inscrita el 4 de setiembre del 2003.
Bajo el apartado de “Gravámenes o afectaciones” aparece una inmovilización por inconsistencia -de octubre del año pasado-, lo cual implica que no se puede realizar venta o movimiento alguno con la propiedad del inmueble.
Al respecto, el fiscal Chavarría detalló que la finca originalmente perteneció a Hacienda Coyolar S.A. Cuando se establecieron los límites de la reserva y se determinó que esa hacienda quedó adentro, se acordaron las indemnizaciones correspondientes; pero, se habían hecho algunas segregaciones, entre ellas el terreno ahora en disputa y que posteriormente fue rematado en una hipoteca, “lo cual nos indica que registralmente estaba individualizado como propiedad privada aparte de la reserva”.
Por su parte, Chavarría explicó que el Ministerio Público ha encontrado muchas dificultades para establecer qué pasó cuando se indemnizó a la finca, dado que “no hay registros adecuados en las instituciones que hicieron la indemnización; aparentemente participó la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), pero allí la documentación no aparece”.
Según explicó, al parecer toda la indemnización quedó en los propietarios de Hacienda Coyolar, a pesar de que algunos terrenos como el del conflicto actual habían sido segregados.
UNIVERSIDAD planteó entonces si el hecho de que existe una resolución del Registro Inmobiliario que declaró una inmovilización del terreno no es en sí un reconocimiento de que la finca está dentro de territorio indígena. Respondió que “ese es el problema; en la información registral y documental con relación a la finca eso no queda resuelto”.
Por otra parte, el indígena Mayorga explicó que la primera ocupación que intentaron en abril se dio luego de un fallido intento por hablar con Mastroeni; “más bien llamó a la policía; nosotros entramos por ser nuestro territorio y nuestra jurisdicción”, adujo.
“La Fiscalía de Bribri nos dijo que el tipo tiene documentos y que no estaban seguros si el terreno está dentro del territorio indígena o no”, añadió.
A su parecer, el conflicto actual con la finca en disputa “no se ha dado por casualidad”, ya que  el tema de la tenencia de la tierra “es el gran problema en Keköldi”.
Expuso que dentro de dicho territorio “tal vez sólo el 30% o 40% de quienes poseen terrenos son indígenas; entablamos un proceso legal ante el Tribunal Contencioso Administrativo; vamos los días 23 y 24 de este mes a juicio en los tribunales de Goicoechea contra el Estado, por las 6.000 hectáreas de nuestro territorio; buscamos que nos libere todo”.