El 25 de agosto de 2010, como otros tantos en la Universidad, se restringió el acceso a los carros en gran cantidad de zonas provocando un caos en el campus. Ese día, una oficial me retiró las placas, aparentemente por mal estacionamiento. Como no me notificaron, no fue sino hasta que un Oficial de Tránsito me indicó que andaba sin placas que tal vez podía ir a retirarlas a la oficina de Tránsito antes de que fueran enviadas a COSEVI.
No entendía; donde me aparqué estaba sin señalización, frente a ese espacio, en zona amarilla cada día se aparcan carros. Más aun, en ocasiones posteriores, en el mismo lugar de la boleta, se estacionan vehículos (tengo fotografías) aún y cuando ha sido pintado de amarillo.
En la oficina, la Oficial de muy mala manera me dijo “acepta el parte o va COSEVI a retirar las placas”; traté de explicarle que no había infringido la normativa, pero su respuesta fue grosera, no tengo otra manera de expresarlo; no me permitió hablar; cuando le solicité que por favor no me maltratara, su enojo fue mayor, y cada vez que decía algo ampliaba los cargos, al punto de que me puso una multa excesiva cercana a los ¢300.000  con los impuestos. Me sentí arrasada por la bota y la prepotencia. Impotente.
Siempre he sido muy respetuosa de las leyes y acuerdos ciudadanos para la buena convivencia; por eso me resultó incomprensible la indisposición de la oficial, tanto por el tono como por la forma, y peor aún, en ningún momento me vio a los ojos y me dijo cuáles eran los artículos que supuestamente infringí.
En  mayo, un compañero de oficina fue detenido por un Oficial de Seguridad y Tránsito,  porque consideró que la calcomanía otorgada por RITEVE era falsa. Le hizo pasar un muy mal momento sin justificación alguna. Aclarado el asunto, le advirtió que se cuidara porque lo iba a “tener en la mira”. Unos meses después, se publicó una queja de una profesora de música por una situación similar a la mía.
Así como siempre he tenido excelentes relaciones con los funcionarios de la Universidad, decidí elevar mi queja a los superiores jerárquicos, por el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de la Oficial de Tránsito como funcionaria pública. Sin embargo, nunca obtuve una respuesta.
La característica de la Universidad en defensa de los valores humanistas debe permear en todos los funcionarios; tenemos que reflexionar y resignificar los hechos que parecen aislados, pero que en realidad son síntomas de una convivencia que parece enferma, respecto de la cual, nadie puede permitirse el silencio, sobre todo si se actúa con pleno sentido de la responsabilidad con la comunidad universitaria.
Es necesario reflexionar y buscar respuestas y proponer soluciones.
Una de las características de la seguridad, y de todos los que trabajamos en la Universidad, debe ser el conocimiento de la responsabilidad de cada uno, la vocación de servicio y el buen trato a las personas. Más que las sanciones a quienes las cometen, se debe trabajar en la prevención. Reconozco que hay un problema de parqueo en la Universidad que sólo se resolverá cuando haya voluntad y recursos para destinar un espacio más adecuado.
Pero, mientras no exista una decisión como esa, se deben crear las condiciones para que no suframos la arbitrariedad y prepotencia de unos funcionarios con uniforme y botas, que se prevalecen de su investidura y abusan de su autoridad. No obstante, la seguridad descansa en la confianza de los ciudadanos en ese cuerpo y en la garantía de que sus derechos se vean respetados.
 
Ello implica que la Universidad recobre su personalidad, perdida entre tanto carro y cemento, sin planificación y a la deriva, que ha borrado hasta las zonas verdes del paisaje urbanístico.
 
La Universidad debe ser un lugar para todos, un modelo para el resto del país.
Casi un año después, el COSEVI consideró que no había infringido la normativa y revirtió la sanción.