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Bautizo de inmueble histórico genera polémica en Alajuela

En 1933, se colocó en el Instituto de Alajuela una placa al establecer el primer Museo Juan Santamaría. Esa placa hoy está en posesión de ese museo y su lugar original es ocupado por la de Luis Alberto Monge Álvarez. (Foto de 1933: Diario La Tribuna. Foto 2013: Vinicio Chacón)

En 1933, se colocó en el Instituto de Alajuela una placa al establecer el primer Museo Juan Santamaría. Esa placa hoy está en posesión de ese museo y su lugar original es ocupado por la de Luis Alberto Monge Álvarez. (Foto de 1933: Diario La Tribuna. Foto 2013: Vinicio Chacón)
La denominación el pasado 11 de abril del antiguo edificio del Instituto de Alajuela como “Centro de Estudios Luis Alberto Monge” −hecha por la Universidad Técnica Nacional (UTN)− ha generado polémica, pues esa institución no contó con el aval de de la Comisión Nacional de Nomenclatura para llevar a cabo ese bautizo.
De acuerdo con la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Nomenclatura (No. 3535), no se puede “denominar oficialmente ningún lugar o edificio públicos, de cualquier índole que sean”, sin un dictamen favorable de esa instancia.
 
Además, el artículo 5 de esa ley obliga a “las dependencias del Gobierno Central, así como las municipalidades y las instituciones autónomas” a solicitar un dictamen de la Comisión, “antes de disponer sobre bautizos de edificio o lugares públicos”.
 
Carlos Zamora, presidente de la comisión, confirmó a UNIVERSIDAD que, en este caso, no recibieron ninguna solicitud al respecto, sino que supo del bautizo por denuncias que le hicieron llegar personas de la ciudad de Alajuela.
Por su parte, el rector de la UTN, Marcelo Prieto, ante la pregunta de si ese trámite no debía contar con la aprobación de la comisión, contestó que “de ninguna manera; no estamos dispuestos a renunciar a la autonomía universitaria y someternos a un órgano del Poder Ejecutivo”.
En su criterio, las universidades públicas están exentas de ello de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución Política, “además por el voto 1313 de 1993 de la Sala Constitucional, que define que el primer elemento de autonomía consiste en que la universidades no están sujetas al Poder Ejecutivo ni a su jerarquía”.
Prieto opina que los alcances del mencionado artículo 5 no abarcan a las universidades, ya que “son absolutamente distintas de las instituciones autónomas, pues tienen sus propias facultades de gobierno y administración, como lo ha señalado la Sala Constitucional”.
De acuerdo con datos del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el edificio que alojó al Instituto de Alajuela fue construido en la segunda mitad del siglo XIX y es uno de los inmuebles alajuelenses que cuentan con declaratoria de patrimonio, al igual que la Escuela Ascensión Esquivel o el antiguo Cuartel, que hoy aloja al Museo Histórico Juan Santamaría.
Ofelia Sanou, presidenta en Costa Rica del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés), expresó que se debe respetar la legislación y hacer siempre la consulta a los organismos competentes, tanto para cambiar el nombre de un inmueble como para respetar la debida protección del patrimonio. “No veo porqué a partir del concepto de autonomía, se puede eludir los lineamientos planteados en la ley”, acotó.
Sanou recordó que la normativa patrimonial va más allá de lo dispuesto en el ámbito nacional, ya que  el país ha firmado convenios y convenciones internacionales al respecto.
“No quisiéramos ver instituciones universitarias o de cualquier otra índole, aduciendo que están fuera de la normativa que tiene que ver con la protección del patrimonio y la nomenclatura. No debe sentarse este precedente”, externó.
Según el presidente de la comisión, Carlos Zamora, esa instancia recibió las denuncias sobre las intenciones de la UTN a mediados de enero y se le envió una carta al Rector de la UTN el 5 de febrero, en la que se le pidió formalizar la intención del bautizo, “pero no contestó y cuando salió públicamente la información del bautizo enviamos otra más fuerte”.
Añadió que Prieto adujo no haber recibido esa misiva del 5 de febrero, aunque en la secretaría de la comisión consta el número de fax al que se envió el documento y el reporte de que fue recibido.
Esa misma excusa fue ofrecida por el Ministro de Cultura, cuando por escrito se le preguntó cómo justificaba haber participado en un acto que podría considerarse contrario al ordenamiento jurídico nacional. La respuesta fue que “habría que realizar una consulta jurídica para determinar si, efectivamente, la autonomía universitaria hace que la ley no se aplique en este caso”. Añadió que su participación en el evento fue “como invitado” de las autoridades de la UTN.
HOMENAJE A MONGE
El rector Prieto también salió al paso de quienes afirman que no se le puede dar el nombre de una persona aún viva a un edificio público. De hecho no es en la ley, sino en su reglamento, donde se establece esa directriz.
El funcionario hizo un llamado “a los consejos universitarios de otras universidades, para que respalden a la UTN en esta lucha por la autonomía universitaria”. Recordó que fue por unanimidad que el Consejo Universitario decidió homenajear al expresidente Monge con la nomenclatura del edificio, debido a que el exmandatario estudió allí.
En la página oficial de Facebook de la UTN, hay un enlace al Facebook de “La Voz Liberacionista”, en el cual se encuentra un álbum con fotos de los actos de inauguración del Centro de Estudios Luis Alberto Monge. En ellas, se aprecian a diferentes figuras del gabinete del Gobierno liberacionista de Laura Chinchilla, como el ministro de Cultura, Manuel Obregón, o el de Educación, Leonardo Garnier.
Además del propio Monge, participaron figuras como el alcalde de Alajuela, el liberacionista Roberto Thompson; el expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Rolando González −quien renunció a ese puesto para integrarse a la campaña de Johnny Araya−; Ennio Rodríguez −gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) durante la administración pasada y quien renunció tras gastar más de ¢600 000 en un almuerzo−; el obispo de Ciudad Quesada, Ángel Sancasimiro; y el exministro de Seguridad y exprecandidato liberacionista, Fernando Berrocal; y asesores legislativos liberacionistas.
Al respecto, Prieto negó que se tratara de una actividad con sesgo partidario, pues “publicamos invitación en un periódico, para que quienes estuvieran interesados mandaran un correo”. Asimismo,  calificó como “un análisis extraordinariamente pobre” el cuestionamiento de que se homenajeara a un expresidente del PLN en año electoral.

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