LA REPUBLICA. Martes 11 de octubre de 1988 15 OPNON Un reto para el costarricense katalog Altacelle 779 CIRCULACION PRESTAMO CODESA San Jos Un proyecto frustrado El desarrollo obtenido por el país en lo politico, en justicia social, en el campo cultural y en educación, creó expectativas de bienestar en sus Luis Paris Chaverri habitantes que todavía no hemos podido alcanzar. El costarricense es educado y culto, y goza de un régimen de seguridad social avanzado, tiene madurez política, pero. es pobre.
Esa situación hace que las necesidades que tal expectativa ha producido, que ya forman parte de nuestros hábitos y anhelos, no se satisfagan y sean la causa del comportamiento egoísta, indiferente, abusivo e indolente de gran parte de los costarricenses.
Los esfuerzos por alcanzar el bienestar y felicidad que le han enseñado a desear chocan con la dura realidad de un país subdesarrollado, incapaz de satisfacer las justas aspiraciones de sus ciudadanos.
Esa fustración del costarricense contemporáneo ha inducido al desbordamiento de su conducta tradicional y la pérdida de valores morales y cívicos es evidente. Los principales síntomas de esta nueva conducta son la falta de solidaridad y la corrupción, enfermedades que deterioran día a día nuestra sociedad y amenazan de muerte a nuestro sistema político.
En otra oportunidad señalé que gracias a la acción y al esfuerzo de anteriores generaciones, Costa Rica ha logrado constituirse en la mejor y más sólida democracia latinoamericana y que nuestro régimen de convivencia pacífica es un ejemplo para el mundo, destacando que el reto para las actuales y futuras generaciones es lograr el desarrollo económico que permita la prosperidad y la felicidad del pueblo.
No sobra indicar que ese desarrollo económico debe darse preservando las conquistas sociales y políticas de las que hoy nos ufanamos.
Para enfrentar con éxito ese teto y lograr la meta es urgente imponernos como norma de conducta una actitud solidaria, honesta y austera, atributos innatos en el costarricense de ayer.
Es necesario hacer un gigantesco esfuerzo para desterrar la corrupción y la apatía que carcome todos los estratos de nuestra sociedad. En este sentido es prioritaria una nueva actitud de los dirigentes políticos tendente a recobrar la confianza y el respeto de los electores. Mayor entrega personal y una conducta intachable es el ejemplo que contribuiría a evitar el desencanto y la desesperanza que consume al costarricense.
Una actitud ejemplar de los actuales líderes, al estilo de nuestros patricios, haría renacer en todos los ciudadanos los principios que se han forjado a lo largo de nuestra existencia como país y que son el fundamento de nuestra nacionalidad.
Con civismo, honradezy solidaridad podemos hacer de Costa Rica un país desarrollado, en el que destaquen la vocación por la paz y la democracia y el respeto y amor por los demás.
Señor Presidente. cumpla con su deber!
Al socaire del liberalismo económico, cuyas ideas no son nuevas, sino viejo instrumental del siglo diecinueve, diputados de las dos más importantes fracciones Rogelio Ramos conformaron la Valverde mayoría necesaria para aprobar la derogatoria parcial por ahora, y a plazo largo definitiva, de la Ley del Inquilinato.
Se deja sin efecto la ley que con parches y remiendos ha regulado el arrendamiento de casas y locales comerciales desde la Administración Calderón Guardia.
Con el paso del tiempo, la norma derogada fue convirtiéndose en una rémora y se imponía modernizar sus efectos dentro del concepto intervencionista de proteger los intereses de las mayorías sin dañar los derechos de los arrendantes.
Si malo era el pronunciado desequilibrio en perjuicio del propietario, peor será su descontrolado beneficio con desmedro de los inquilinos. La ley aprobada es mala porque naufraga la oportunidad de encontrar una equitativa relación de yecto aprobado. Tan sólo facilita. dicen sus gestores nuevas construcciones que llevarán al aumento o disminución de los alquileres conforme los fije el mercado. Tesis salida del vientre de la escuela de Chicago y cuyas principales antenas en Latinoamérica han tenido audiencia en las feroces dictaduras militares de Argentina y de Chile. Dey rrotado el intento argentino y su principal ejecutor, Martínez de la Hoz, les queda el chileno con émulos y admiradores en los Chicago Boys de nuestros partidos polítiCOS.
Resulta sospechoso que las fracciones parlamentarias tan dadas a declarar tesis de partido hasta cualquier nimiedad, hayan dejado en asunto tan principal, libres en su opinión a los diputados ¿Temor de comprometerse como agrupaciones pensando en las próximas elecciones? Así han logrado un entendimiento de diputados al que llaman consenso parlamentario y ningún partido con la responsabilidad plena; aunque ambos dejen hechos jirones, tesis fundamentales que a diario sus dirigentes nos recetan como la forma de salir del atascadero en que nos han sumido.
Ahora mismo, mientras los partidos miran impasibles los cambios en la relación inquilinaria tan importante en la vida del trabajadorlos precandidatos se lanzan en sus campañas a disertar sobre el destino del ser humano, las encíclicas papales y hasta el salario como retribución familiar y no individual.
Lenguaje sibilino que esconde sus verdaderas intenciones.
Teatro del absurdo que tiene como colofón el pensamiento del señor Presidente de la República; pese a que el proyecto tiene aspectos controversiales o lo que es lo mismo, inconvenientes recibirá la sanción ejecutiva.
Al filo de ese momento se recurre a la consabida creación de un grupo o comisión asesor encargado de redactar reformas a la ley recién aprobada. No ha nacido la criatura y ya la tienen que desmantelar!
En materia de comisiones decia don Ricardo Jiménez que sólo garantizaban el entierro de todo proyecto; en este caso, de las demandas populares.
Que un desaprensivo diputado, luchador impenitente del proyecto aprobado, encuentra esos inconvenientes a la hora de verlo en blanco y negro, se explica pero no se justifica. Le queda sólo presentar esas reformas para que el trepidar de su conciencia no sea tan duro. Pero que el Presidente de la República recurra a ese arbitrio y por medio de una comisión ad hoc, resulta insólito y esclarecedor: insólito porque el mandato del artículo 126 de la Constitución Política, en ese caso, lo obliga a vetar el proyecto, y esclarecedor porque demuestra que la actual administración y concretamente el Presidente, requiere de muletas para entender el panorama goblal de la vivienda en Costa Rica.
La obligación presidencial es clara: de ser conveniente el proyecto, el Presidente debe sancionarlo; de no serlo, debe vetarlo; y si merece reformas, sugerirlas a la Asamblea dentro del veto. Así lo hicieron todos los presidentes de Costa Rica.
Señor Presidente. cumpla con su deber!
Con la intención de dotar de celeridad y seguridad al funcionamiento del Estado, para lograr incorporarlo en campos ajenos a su Lic. Elias Soley tradicional actividad Gutiérrez pública centralizada, es que en Costa Rica, y en la mayor parte de los países que se rigen por un ordenamiento jurídico similar al nuestro, se han creado una serie de lo que en doctrina se conoce como empresas estatales.
Para algunos esta actitud refleja una clara intromisión estatal en el sector privado, pero lo cierto es que se ha justificado plenamente en aquellos campos que por su naturaleza, y por su importancia social, son considerados como de carácter vital para la sociedad; por ejemplo, el sistema educativo, los servicios bancarios, los servicios eléctricos, las comunicaciones, los servicios de acueductos y alcantarillados, y el transporte urbano, enу tre otros. Lo anterior es fiel reflejo de esa identificación plena que tiene el costarricense frente a los principios básicos de las doctrinas políticas que han regido los destinos del país en el presente siglo; doctrinas las cuales, en su más sana concepción, buscan la participación del Estado en ciertas áreas sociales con el fin de proteger al administrado y de garantizar al sector privado un marco de acción en el cual se ejerza un control efectivo de la ley de la selva. que impera en aquellos regímenes donde sólo se legisla en provecho de sectores económicamente poderosos.
En Costa Rica tenemos la oportunidad de presenciar y analizar el desenvolvimiento de una serie de personas jurídicas de capital estatal o mixto. Entre ellas la Corporación Costarricense de Desarrollo Sociedad Anónima (CODESA. persona jurídica que ha tenido una participación en la vida política, jurídica y comercial, muy controversial, y a la cual se le atribuye ser una de las mayores contribuyentes de la grave crisis económica que azota al pueblo costarricense desde hace varios años.
Era un proyecto que en un principio reflejaba intereses sanos por el bienestar del país; que se fundamento en un plan de modernización y desarrollo de actividades productivas; de fortalecimiento del sector privado nacional por medio del aporte estatal; y que prometía un amplio desarrollo de la producción y del sector empresarial, ya que pretendía incursionar en un terreno, que por falta de capacidad financiera no era posible que fuera explorado por la empresa privada, para lograr atenuar el riesgo inherente a la actividad mercantil.
Sin embargo, como en muchos otros proyectos públicos y privados en nuestro país, la finalidad original se desnaturalizó debido a la impericia, negligencia y corrupción que se infiltró en el desarrollo y ejecución de los planes de CODESA. Así, lo que en un principio pretendía ser un medio para desarrollar el sector privado, se convirtió en el mayor obstáculo de la actividad comercial del Estado; se convirtió en burocracia y en entrabamiento de las negociaciones mercantiles; y, lo que es peor, se convirtió en una incursión directa del Estado en un campo para el cual estaba planificado que realizaría simplemente una función coadyuvante.
Las consecuencias del frustrado intento de la Corporación de Desarrollo todos las conocemos y padecemos. Recientemente fue rendido el informe final de la Comisión Nacional de Reestructuración de CODESA al Consejo de Gobierno, el cual es una prueba fehaciente de esta incapacidad estatal en el desempeño de funciones sociales contrarias a su naturaleza. El informe, intitulado Estado Empresario. como bien dicen sus autores sirve como enseñanza para que en el futuro no se incurra en errores semejantes. La labor realizada por los distinguidos ciudadanos integrantes de dicha comisión reestructuradora debe ser continuada, no sólo en CODESA, sino que sirve de fundamento para que se ejerzan o se tomen medidas preventivas en otras empresas del Estado, empresas las cuales, dicho sea de paso, requieren de un ordenamiento jurídico uniforme, claro y suficiente para que el Estado pueda participar como sujeto de derecho público en sector comercial, sin que por ello corra el peligro de constituirse en un híbrido jurídico que perjudique la economía nacional.
las partes.
Acorde con el contorno socioeconómico que hoy vivimos, es razonable que un proyecto de inquilinato perfile principios que regulen más nítidamente los derechos y obligaciones de las partes. Acomodar relaciones de dueño y arrendatario conforme los principios de justicia social.
Nada de eso se logra con el proLas opiniones contenidas, en los artículos publicados en esta página, son las personales de quienes las firman y no coinciden, necesariamente, con las del periódico.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.