Viernes de Mayo de 1994 LA REPUBLICA 17A Opinión Un debate impostergable CHISPORROTEOS LIC. FERNANDO BERROCAL SOTO ALBERTO CANAS he 10El sábado 30 aparecieron en la prensa diaria, diversas notas e informaciones sobre la última sesión y despedida de los diputados de la anterior Asamblea Legislativa.
do Oya uJO as io Es esa del último día de abril, una ceremonia emocionante y una consolidación de nexos y afectos que se van estableciendo a lo largo de cuatro años.
Inevitablemente ha venido a mi memoria el 30 de abril de 1966 cuando fui parte de una de esas despedidas, y de esa sensación de cabanga que acomete a los diputados que salen.
La sociedad civil, en Costa Rica, cada día tiene más conciencia de que, a pesar de lo que explícitamente señala la Constitución Política, en su artículo 41, en nuestro país la justicia dista mucho de ser pronta y cumplida.
Al respecto, las crónicas y reportajes de los medios de comunicación colectiva son la prueba fehaciente y cotidiana de este hecho real y cierto de nuestro sistema judicial. Con señalar el hecho, sin embargo, no hemos resuelto absolutamente nada. Lo importante sería que, esta crítica realidad de nuestro sistema judicial se transforme en el punto de partida objetivo hacia un proceso de reforma judicial que tenga, por meta cierta, en escenario del siglo XXI y sus exigencias en el orden social, económico y político. sea, transformar la crisis en un reto y un imperativo nacional a realizar y concretar, sin excusa política válida, en los próximos años.
Desde el ángulo de un abogado litigante, que es el único que me es propio desarrollar, esta realidad se expresa fundamentalmente en que los juicios, en nuestro país, y tanto en materia civil o mercantil, como en la penal y en las otras jurisdicciones establecidas, duran años de años.
Este hecho, que podría considerar.
se propio y exclusivo de la esfera judicial o del régimen de derecho, es sin embargo uno de los problemas funcionales más serios del régimen democrático en Costa Rica. Así, en esa dimensión mayor, es que este gravísimo problema debe ser asumido y resuelto por la sociedad civil y las instancias de decisión política.
Lo más fácil es una aproximación reduccionista o de parches parciales, fruto de reacciones coyunturales, como la iniciativa de algunos diputados, en la Asamblea Legislativa, bien intencionada, sin duda, pero insuficiente y muy cuestionable técnicamente, de simplemente aumentar las penas en ciertos delitos odiosos. Ese no es el camino correcto. Tenemos que aceptar y enfrentar el hecho cierto de que el sistema judicial costarricense requiere de urgentes cambios estructurales, técnicos y administray tivos. También que es impostergable la reforma de ciertas leyes sustantivas y, en particular, de los instrumentos procesales, por cuanto la crisis del sistema judicial, en lo fundamental, es un problema de eficiencia procesal y de organización misma de la justicia. Lo que se impone, por ello, es abocarse a un proceso múltiple, integral e integrador de reforma judicial en Costa Rica.
Es cierto que algunas iniciativas de ajuste están en marcha y la propia Corte Suprema de Justicia, justo es reconocerlo, es la más empeñada en este necesario proceso de rectificaciones. Así se expresa y se concluye de las ponencias y consensos adoptados por el Congreso Nacional sobre Administración de Justicia y de la implementación de sus acuerdos en el año 1994. Con todo, sin embargo, el problema no se agota con un ajuste al sistema judicial costarricense. El problema es múltiple e integral y así, con esa conciencia y determinación, debe ser asumido, como parte esencial de los esfuerzos generales e impostergables para la reforma del Estado en Costa Rica.
Con ello, al situar la reforma judicial en el contexto y como parte esencial de la reforma del Estado en Costa Rica, en nada, se vulnera la independencia constitucional del Poder Judicial. Todo lo contrario. En la teoría moderna sobre el Estado, lo que se plantea es la integración activa y el esfuerzo conjunto y armonioso de los poderes e instituciones públicas y la propia sociedad civil, como receptora y razón de ser del régimen democrático, a efecto de alcanzar por el esfuerzo conjunto y en libertad, objetivos superiores de desarrollo y justicia.
Mucho y esencial, ciertamente, es lo que tiene que aportar a este proceso, el órgano técnico que es el Poder Judicial, pero también el órgano político ejecutivo y la propia Asamblea Legislativa. Al igual que, en el necesario debate ciudadano sobre esta materia, tan importante como los puntos de vista del juez, resultarán los del abogado litigante que ve el problema desde otra perspectiva, urgido por las exigencias pragmáticas de sus clientes y representados, o los del académico en cada materia específica, a la luz de sus propias reflexiones y de los nuevos desarrollos conceptuales que haya podido estudiar y apreciar en otros países. Incluso, de importancia decisiva será la opinión de los propios receptores del sistema judicial, trátese de personas físicas o jurídicas, sobre la eficiencia o no de las instancias jurisdiccionales en Costa Rica.
De ahí que, cuando la Corte Suprema de Justicia nos plantea ir hacia una nueva administración de justicia en el siglo XXI, COmo ciudadano y profesional en derecho entiendo que el Poder Judicial está planteando la urgencia de este necesario y democrático debate público a nivel nacional, con ese sentido y esa perspectiva múltiple, integral e integradora.
En esa dirección, igualmente, están encaminados los organismos financieros internacionales que, por fin, han incorporado el tema de la justicia como un punto prioritario y fundamental, en los esquemas de cooperación con América Latina.
on to Sen де ahora, que las vueltas de la vida me han llevado nuevamente a la Asamblea, quiero dedicar un recuerdo muy apretado a mis compañeros de la experiencia pasada.
on 0as es te es де Jo ael де 10 uта а iQuiero evitar un saludo de amistad a mis adversarios de oposición de aquel entonces: al Dr. Aguilar Peralta (con quien tantos nexos de gratitud me unieron después. a Rogelio Ramos, a Eduardo Víquez, Hernán García, Cristián Tattenbach, Carlos Manuel Guardia, Julio Suñol, Quincho Muñoz, Víctor Emilio Herrera, Fernando Ortuño, Marcos Naranjo, José Francisco Aguilar Bulgarelli. paro aquí, me propuse consignar sólo a los primeros doce que me llegaran a la memoria, y se me quedan fuera algunos a quienes quiero mucho. Y, por supuesto, a los de mi bando: Minor Calvo, Luis Bermúdez, Fernando Salazar, Edwin Muñoz, Hernán Viquez, Piquín Garro, Hernán Chaverri, Tilo Monge, Rafael Benavides, Armando Bolaños, la admirable doña Nora, Marcos Villalobos (Me detengo en doce también, y excluyo a los que nos presidieron. Las sanciones económicas internacionales CRISTINA EGUIZABAL Se C1 e 111 2e un recuerdo especial a los desaparecidos: a mi viejo. el gran Virgilio Calvo, a mi tío Antonio Cañas, a los de mayor edad y constante consejo; el Dr. Peña Chavarría, don Paco Ruiz, don Fernando Valverde, el Dr. Guillermo Iglesias, don José Joaquín Peralta (que me llenaba de recuerdos de mi infancia) don Horacio Tassies. El insustituible Duvilio Argüello, el jovial Nataniel Arias. Cuán efectivas son las sanciones comerciales como medios de presión de la comuni.
dad internacional. Logran estas modificar, realmente, el comportamiento de los regíme nes en contra de los cuales se imponen? No está claro y se trata de un debate de gran pertinencia para el mundo actual; en Europa a propósito de Serbia, Croacia y Bosnia; en Asia con respecto al caso de Mianmar y, de manera intermitente, inclusive de China; en nuestro hemisferio mismo, dos pueblos los de Cuba y Haití padecen en estos momentos las consecuencias de la imposición de sanciones económicas externas. Creo que vale la pena reflexionar así sea de manera breve al respecto.
Hasta ahora, el debate se ha planteado, fundamentalmente, en términos morales. El principal argumento de los que adversan este tipo de política es con base en principios de indole humanitaria: la injusticia de que sean siempre los sectores más desfavorecidos de la población, los más vulnerables al impacto de las sanciones lo cual es cierto también, dicho sea de paso, cuando se trata del uso de la fuerza. Los que las apoyan también aducen argumentos de principio: el que se violen impunemente las reglas de convivencia y de buen gobierno inscritas en la Carta de la ONU pone en peligro la sobrevivencia misma de la comunidad civilizada de naciones. Todos coinciden, sin embargo, en el hecho de que, hasta ahora, la efectividad política de las sanciones propiamente dichas parece discutible. Entre las principales razones para ello vale la pena mencionar que los plazos necesarios para que empiecen a hacerse sentir sus consecuencias son demasiado largos a los ojos de una opinión pública cada vez más esclava de la inmediatez de la imagen. Durante años, el caso de Africa del Sur fue uno de los ejemplos más invocados en la discusión a favor o en contra de las sanciones económicas. Pareciera que los comicios recién pasados, en los que votaron cerca de veinte millones de surafricanos, constituyen un argumento en favor de los que, en su momento, las apoyamos, en contra del gobierno de minoría blanca y de su política de segregación racial.
Aunque, en este caso, creo que fueron muy útiles, no quisiera que se me mal interpretara: de ninguna manera quiero decir con esto que las sanciones constituyeran el factor que indujo el fin del apartheid. Sugeriría, al contrario, que jugaron un papel de coadyuvantes en la medida en que: 1) poco a poco, fueron elevando los costos de la discriminación racial sancionada legalmente, en particular, a los ojos de gran parte de la población blanca, la cual, se suponía, era la que se beneficiaba más directamente del sistema; 2) el espacio de negociación se estrechó radicalmente con el derrumbe de la Unión Soviética y el desmantelamiento del bloque socialista y 3) había, en ambas comunidades, políticos capaces de asumir los riesgos que suponía el reto de la negociación.
No hay duda de que el fin de la de la Guerra Fría tuvo un impacto decisivo: redefinió radicalmente los términos de la negociación interna. Dejó de tratarse de un conflicto de suma cero entre capitalismo y socialismo recordemos que el Consejo Nacional Africano, el organismo político más importante de la mayoría negra, se había autodefinido hasta entonces como marxista leninistapara convertirse en una negociación en cuanto a los procedimientos idóneos para establecer una democracia pluralista y representativa de tipo occidental, en la que los derechos de las minorías particularmente la blanca fueran respetados por la voluntad de la mayoría negra. Con esto no quiero restarle méritos a la calidad de estadistas desplegada por los dos hombres sobre cuyos hombres recayó la responsabilidad de la negociación Mandela y de Klerk. Es innegable que su talento para ir estableciendo acuerdos sucesivos, hizo posible el gradual pero sistemático desmantelamiento del régimen de segregación racial que había regulado la vida en el país africano durante más de veinte años. Podemos sacar conclusiones a partir del caso surafricano? Diría que sí. Argumentaría, a partir de allí, que las sanciones económicas o pueden convertirse en sustituto de una política exterior.
Su función principal es la de ejercer presión y para que esa presión sea efectiva es menester que se cumplan, a su vez, dos requisitos más: que el conflicto pueda ser definido como un problema negociable (no de suma cero) y que los principales actores (individuales y colectivos) estén dispuestos a invertir capital político en la consecución de un acuerdo.
Para un país como Costa Rica, las posibilidades de influir en que se levanten las sanciones económicas en contra de Cuba y de Haití con el argumento de que se trata de políticas de altísimo costo para países hermanos son escasas. Nuestra ventaja radicará, al contrario, en el talento que despleguemos en la búsqueda de una fórmula, a partir de la cual los conflictos políticos internos en ambas sociedades se conviertan en objetos de una negociación cuyos términos sean aceptables para los principales actores involucrados. No es un asunto fácil, ni de rápida solución, así como tampoco lo fue el del establecimiento de un gobierno representativo en Africa del Sur.
Duros enfrentamientos, debates candentes, conciliaciones admirables, largas pero siempre fructuosas negociaciones, fueron conformando una experiencia de la que los 58 (falleció uno de nosotros en el camino y vino un sustituto. salimos enriquecidos en conocimientos, en experiencia y en afectos.
Liberamos a Costa Rica de las transnacionales del petróleo, establecimos el Instituto de Tierras (sujeto estúpidamente a cambios innecesarios de nombre a lo largo de los años. creamos el INA admirable concepción de Alfonso Carro hoy convertida en especie de monumento a alguien que nada tuvo que ver jamás con ella prestigiamos la Corte Suprema de Justicia llevando a ella a Fernando Coto Albán y a Ulises Odio, y le dimos al país creo el ejemplo de que los partidos antagónicos pueden y deben buscar los puntos de coincidencia aunque en los debates remarquen los de discrepancia. hoy, sentado otra vez en el recinto parlamentario experimento una dulcísima nostalgia por los años 62 a 66, por mis experiencias y aprendizajes de aquel tiempo, y les digo a mis compañeros de Asamblea Legislativa de ese tiempo: cuando me vean flaquear o equivocarme, jálenme el mecate en nombre de aquellos años memorables, de aquel entrañable convivio y de aquella ejemplar y admirable Asamblea Legislativa de que fuimos parte.
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