LA REPUBLICA. Lunes 24 de abril de 1989 11 PERSPECTIVAS DESARROLLO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD Estado empresario Johnny Meoño Segura Doctor en Adminis. Priblica de The London School of Bconies and Political Sicence Inglat; especialista a Plaxificación y Adon.
Priblica y General profesor UCR. De veras terminó el Estado empresario en No se reconoce en el país que muchas actividades en manos de ministerios y entes autónomos son de giro empresarial, pero se manejan como si fueran intrascendentes y dispensables. Aún con la liquidación de CODESA no muere el Estado empresario.
Sepámoslo. Qué pensaríamos si de repente, como producto de una onda recalcitrante de privatización de activos y actividades hoy en manos del Estado, viéramos exclusivamente en manos privadas la generación de bienes y servicios como educación, salud, seguros comerciales, electricidad y telecomunicaciones, banca, investigación y transferencia tecnológica en lo agrícola, riego y avenamiento, manejo de asentamientos humanos campesinos, construcción de viviendas y de caminos, y así en cualquier campo en y que hoy el Estado costarricense interviene no sólo regulando, sino produciendo? Nadie dudaría de que se estaría ante actividades típicamente empresariales, de corte privado, con requerimientos de manejo gerencial propios de cualquier empresa privada. Cierto?
Lo que habría cambiado sería su naturaleza jurídica. Por qué se asume entonces que en manos del Estado, esas actividades no son de índole empresarial. No tienen los mismos requerimientos tecnológicos, financieros, productivos y de producción, que en conjunto exigen una capacidad gerencial o de gestión compleja, tanto como en cualquier actividad semejante en manos privadas? Creo que sí, y aún más allá: sostengo que en el contexto público, los requerimientos gerenciales o de gestión de esas actividades son aún más complejos, pues hay más factores de tipo socio económico, político y cultural que hacen indispensable la búsqueda que no se ha hecho ampliamente en el país de Infoques, tecnologías e instrumentos de gestión organizativa y gerencial, así como de fiscalización efectiva tanto legislativa como ciudadana, sobre la gestión pública, más allá de lo que impone la naturaleza más autocontenida y de mercado de una empresa privada. sea: el reto gerencial es aún mayor en el contexto publico, pues no sólo debe ese Estado regular y tutelar la acción empresarial privada hacia niveles más exitosos sino que debe dirigir los esfuerzos propios de producción de bienes y servicios. Por qué se dice entonces que el Estado empresario ha muerto en Costa Rica con la liquidación de las subsidiarias de CODESA que por cierto, siguen sin liquidarse y sin dar vía a la cancelación de cuentas con el Banco Central con sustento en la dadivosa donación que la AID hizo al país para tal propósito, y más bien se habla ahora de que fondos del Préstamo de Ajuste Estructural con el Gobiemo se destinarán a cancelar pérdidas del Central, sin duda provocadas en gran parte por las pérdidas de CODESA. El editorial de La República del viernes 21. Transformación de CODESA. parece incurrir en contradicción con otros que hemos leído con agrado y que hemos recortado y divulgado con interés en medios universitarios (por ejemplo: Privatización: qué y cuánto Estado. del 28 de junio de 1988. donde el editorialista hace un cuestionamiento muy mesurado de fondo sobre la problemática, y en punto escribe que. el problema quizá no es tanto si el Estado ha sido un mal administrador. quizá es más viable pensar en cómo, a partir de tal reconocimiento objetivo, es posible crear las condiciones para que lo que el Estado hace y siga haciendo, realmente lo haga mucho mejor, con logros en eficiencia y rentabilidad que no tienen por qué reñir con los aspectos superiores de la eficacia socio política pretendida.
Contrasta lo anterior con lo que se dice en el editorial del viernes: Con la transformación de CODESA se termina la etapa del Estado empresario, que resultó una mala experiencia para los costarricenses y se inicia un ambicioso proyecto de reconversión industrial.
Creo que el Estado sigue manejando un sinnúmero de actividades de giro empresarial, que van mucho más allá de las que nacieron bajo el alero de CODESA. siento que el país y los partidos políticos, y el mismo Gobierno, no parecen haberse percatado de que dichas actividades, en manos de ministerios y de entes descentralizados, siguen manejándose con criterios tradicionales, por antiguos y poco eficaces, enervándose más su manejo con las numerosas y rígidas intervenciones tutelares de la Autoridad Presupuestaria y con base en la misma Ley de Equilibrio Financiero de 1984, atándose más al Estado en lo que debía ser una capacidad de respuesta más dinámica y eficaz ante las demandas sociales y económicas crecientes producto de los trastornos económico financieros que hicieron crisis en esta década, pero que se gestaron desde principios de la anterior. sostengo, por otro lado, que hay que buscar soluciones efectivas a lo que debe ser un derecho inalienable de los costarricenses: tener un Estado y una Administración Pública altamente eficaces, integralmente hablando, pues pasarán demasiados años antes de que el sistema privado pueda crear las condiciones que permitan una satisfacción justa y suficiente de las necesidades socio económicas de los grupos mayoritarios en este país hoy marginados o en las fronteras de la pobreza. El Estado siempre tendrá que estar allí, presente, donde el empresario privado no invierte o no tiene interés en vender perdiendo, a pesar de que hay demandas latentes y explícitas por esos bienes y servicios privadamente generados.
Las grandes causas que justificaron en diversas formas la intervención estatal en todo campo de desarrollo socio económico, incluidas las que dieron origen a CODESA particularmente éstas siguen existiendo y seguirán existiendo, aun con reconversión de los activos y tecnologías en manos privadas. Las grandes inversiones, complejas tecnologías, y la envergadura del esfuerzo gerencial, asociadas a la necesaria explotación racional y en grande de muchos de nuestros recursos naturales con fines de producción industrial y agrícola para el autoabastecimiento y la exportación competitiva, seguirán siendo un reto que el empresario privado nacional no podrá ni querrá asumir; y condicionamientos ideológico políticos siempre sustentarán el rechazo nacional a que lo hagan quienes sí tendrían poder y capacidad: las transnacionales.
Mejor haríamos en explorar, a partir de los factores que llevaron al fracaso político, financiero y gerencial que no tecnológico de los experimentos de CODESA, las bases sólidas de un nuevo régimen de intervención excepcional del Estado en grandes proyectos de inversión productiva, necesaria en el país hacia el futuro incluso inmediato. mejor haríamos en revisar y modernizar el régimen rígido y anacrónico que regula la prestación de bienes y servicios de giro empresarial en manos de ministerios y entes autónomos. aún mejor haríamos explorando las posibilidades inmediatas de eventual intervención estatal más exitosa y controlable, a nivel de empresas municipales de bienes y servicios públicos.
El tema no se agota con los anteriores comentarios. Sólo lo iniciamos. Convendrá analizar próximamente como encaja esto dentro de la orientación excesivamente ajuste, económico, estructuralista en que hemos caído en el país, con pérdida de visión y dinamismo en cuanto a los proyectos cualitativos que tienen que ver con la distribución de los costos y beneficios del ajuste limitado y peligroso en que estamos embarcados.
winces ESTADO Régimen Jurídico Gecelia kenal Estado de derecho y drogas Jorge Enrique Romero Pérez Catedrático Universidad de Corte Rica, Profesor wisitante de American University y Georgetown Universty (Washington DC. Doctor ex Derecho, Máster en Sociologie, Director Editor de la Revista de Ciencias Jurídicas. Colegio de Abogados. Universidad de Coste Castlecat Rice)
Las normas no presupuestarias y, peor aún, decretos ejecutivos y reglamentos basados en ellas, constituyen un peligroso sendero hacia una mayor corrupción administrativa. Veamos un reciente y grave caso.
El Estado de Derecho significa un Estado sujeto al ordenamiento jurídico, tanto al escrito (Constitución Política, Tratados, Leyes, Reglamentos, etc. como al no escrito (principios generales de derecho, costumbre con relevancia legal, etc. Es decir, Estado subordinado al blo que de legalidad, de acuerdo a su gestor Maurice Hauriou (1856 1929. Pero, asimismo, el Estado tiene una sujeción a la legalidad material o sustancial. esto que significa? Ello quiere decir que el Estado debe actuar dentro de la legalidad con legitimidad; con el respaldo de la comunidad y velando por el cumplimiento de los principios de sana administración, correcto uso de los fondos públicos, respeto a las libertades públicas y bajo la guía del bien común (interés público o general. La legalidad formal (cascarón del uso del Poder) fue lo que tuvieron los gobiernos nazi y fachista. Y, por ende, las dictaduras de derecha y de izquierda. Con esta legalidad se respeta el procedimiento de la fabricación de las normas jurídicas, pero se violan los derechos, la libertad del ser humano (en todas sus facetas) y la sociedad está por debajo del Estado. Mussolini lo retrató bien cuando dijo: nada fuera del Estado. El Estado crea la sociedad y el derecho. El Estado es lo absoluto; la sociedad y los individuos, lo relativo. Es sin duda, el Estado fascista una voluntad de poder y de dominio (El fascismo, Ed. Tor, Buenos Aires, 1933, pp. a 37. La democracia, como sistema político y el Estado de Derecho (social y democrático) implica gobierno responsable, sujeto a limites y con plena vigencia de la intervención de los Tribunales para pedirle cuentas (civiles y penales) a los administradores de la res pública (del Estado. En este sentido, el Poder Judicial se ha pronunciado varias veces acerca de que las normas del presupuesto nacional son de carácter ejecutivas, para facilitar la ejecución del citado presupuesto. sea, que la práctica legislativa de convertir el capítulo de normas generales del presupuesto en un cajón de sastre, con normas de todo tipo (eliminar plazas, personerías; reformar el código civil, etc. es abiertamente inconstitucional. Sin embargo, esa viciada práctica continúa.
Se trata de la legalidad formal; pero, jamás de la legalidad material. Son normas legales en lo formal; pero, material o sustancialmente, nulas.
Cabalmente, la lucha contra el daño que hacen las drogas nadie (excepto los que han convertido la droga en su negocio) niega que es importante. Pero, esa lucha tiene que hacerse respetando el Estado de Derecho y la legalidad material.
Precisamente, la norma 51 del presupuesto nacional vigente este año, en su afán de luchar contra las drogas, establece procedimientos y mecanismos que riñen cony tra la sana administración, la legitimidad, el buen uso de los fondos públicos y los principios de respeto a leyes con excelentes objetivos.
Esa norma 51, que dio lugar al decreto ejecutivo No.
18827 (Gaceta del de marzo de 1989) establece que una oficina estatal (centro antidroga) queda fuera de la aplicación de las leyes de Administración Financiera de la República, autoridad presupuestaria, y del Equilibrio financiero del sector público.
Asimismo, declara la norma citada y el decreto que Post tampoco se le aplica al mencionado Centro los reglamentos de esas leyes.
También, ese Centro contará con gastos confidenciales, los cuales escapan a la vigilancia de la Contraloría General de la República igual que las contrataciones que realice. Esto viola y violenta los principios de la sana Administración Pública que establecen la eliminación de gastos confidenciales y volver el país a una situación anomala (en materia de contratos del Estado) anterior al Código Fiscal de 1885, que estableció la licitación pública (Art. 147) como el medio idóneo para que el Estado haga contratos con fondos de los ciudadanos.
Otra irregularidad que comete el decreto es incorporar a el ON (Organismo de Investigación Judicial) dentro de esa oficina del Poder Ejecutivo, mediante un representante de la cuestionada OJ. Por el momento el OL pertenece al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo. Por ello es improcedente que funcionarios del Poder Jurisdiccional se pasen al Poder Ejecutivo.
Todo lo anterior (más otras cosas que dejamos en el tintero. prueban que la lucha contra la droga ha provocado confusión en el Estado. Un mal no se combate con otro mal. Por qué crear otra dependencia burocrática en el Poder Ejecutivo cuando ya existe una diversidad de oficinas públicas cuyo objetivo es la pelea contra la droga. Por qué, el manejo de fondos confidenciales. Por qué violar tres leyes de sanidad administrativa y de limite a la potencial corrupción institucional. Para qué insistir en multiplicar oficinas y burócratas, si de lo que se trata es de hacer más eficiente la actual estructura del pesado, duplicado, paralelo e irracional aparato estatal?
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.